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La crisis sanitaria que ha atravesado nuestro país; producto de la Pandemia del Covid-19, generó el cierre de algunos organismos de la administración pública, o la reducción de su jornada, lo cual en el caso en los solicitantes protección internacional se tradujo en la suspensión temporal de la tramitación de sus expedientes, y el bloqueó de las principales entradas a España.

No obstante, antes de que se desencadenara la crisis y el gobierno de España tuviese que decretar el Estado de Alarma, la Oficina de Asilo y Refugio acumulaba más de 100.000 expedientes sin resolver, algunos de más de dos años, pese a esto, el número de demandantes ha crecido de forma exponencial desde el 2012. De hecho, en los últimos ocho años, el incremento de solicitudes ha sido del 4.469%, pero el funcionamiento y personal del Ministerio no se ha ajustado a esta nueva realidad, lo cual ha culminado en un estancamiento y colapso del sistema burocrático de asistencia.

Durante los meses de Enero y Febrero 2020, se registraron cerca de 28.000 solicitudes de protección internacional (14.000 por mes). Sin embargo, esto se vio claramente interrumpido por el Estado de Alarma, y algunos a pesar de haber llegado unos días antes a España, no lograron manifestar su voluntad de solicitar asilo y por lo tanto quedaron excluidos de algunos programas del sistema de acogida para personas con pocos recursos económicos, por lo cual, se encontraron a lo largo de todo este tiempo en una verdadera situación de vulnerabilidad y exclusión social.

Los demandantes que forman parte del sistema no encontraron mayores inconvenientes ante esta situación inesperada, sin embargo, las citas correspondientes a las renovaciones de sus documentos acreditativos de protección internacional, se vieron interrumpidas. Para evitar un estado de indefensión e irregularidad sobrevenida, se dictó la Instrucción número 9/2020 de Medidas relativas a la prórroga de vigencia de determinados documentos expedidos por las Unidades de Extranjería y Fronteras, con ocasión del estado de alarma declarado por la emergencia sanitaria COVID-19, dónde se detallaba que todo aquel solicitante que no hubiese recibido la notificación de denegación de su expediente, veía prorrogada la vigencia de su documento por un periodo determinado.

Sin embargo, esta situación no brindó una respuesta eficaz ya que, muchos solicitantes que poseían y poseen la Hoja blanca de resguardo y por el tiempo les toca solicitar su Tarjeta roja que les brinda el derecho a trabajar, no han podido obtener cita para esta última, y a pesar de que su resguardo se encuentra vigente y se les reconoce su permiso de trabajo (aunque no esté expresamente detallado, si se encuentra expuesto en la Instrucción núm 9/2020), han recibido múltiples negativas de posibles empleadores.

Es de recordar que, en España, apenas a un 5,2% (una cifra muy inferior al 31% de la media europea) de las casi 120.000 solicitudes resueltas en 2019 se les concedió el estatus de refugiado o protección subsidiara, las dos formas de protección internacional reconocidas por la Convención de Ginebra.

Aunque durante el confinamiento no se registraron denegaciones de solicitudes, a principios de Junio todos los organismos relacionados con la materia de Asilo y Refugio, comenzaron a poner en marcha su funcionamiento. La Asociación de Mujeres de Guatemala ha denunciado “denegaciones exprés” durante el estado de alarma que han supuesto el fin de prestaciones y de estancias en recursos de acogida y la revocación del permiso de trabajo y residencia. Exclusiones que se han llevado a cabo, asegura esta organización, sin que se hayan notificado oficialmente en algunos casos porque no se ha localizado a las personas. Es decir, ante la evidente congestión del sistema que no posee ni ha sido reforzado con suficientes recursos para brindar respuesta a las demandas actuales, la Administración en vez de notificar a los solicitantes su “denegación” por los medios que recoge la Ley, está utilizando entidades colaboradoras que gestionan las prestaciones de acogida para que, por vía telefónica, informen a las y los solicitantes de una cita en la que se les comunicará la resolución denegatoria. Un mecanismo que no se acoge a la norma y que no se repite en ninguna otra administración al no reunir las garantías mínimas de todo el procedimiento.

Si la persona solicitante no acude a la cita, incluso por no haber sido localizada telefónicamente, queda excluida automáticamente del programa de prestaciones (si estuviera incluida en él), en un contexto en el que las vulnerabilidades se han acentuado aún más. Además, muchas denegaciones de estas han ocurrido en casos que ni siquiera han sido estudiados en profundidad.

Esta nueva normalidad para los solicitantes está repleta de incertidumbre e indefensión, con instrucciones poco eficientes que esperamos, sean ajustadas y garanticen los derechos de todos aquellos que huyen de sus países en busca de una vida mejor.

“Esta pandemia plantea numerosos retos en materia de acceso al derecho de asilo, pero es necesario que los Estados no pongan en cuarentena sus obligaciones con las personas que se han visto obligadas a huir de sus hogares”

Estrella Galán, Secretaria General de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR)

 


 

 

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