Recientemente hemos conocido que el Defensor del Pueblo entregó en el registro de las Cortes Generales un monográfico sobre la migración en las islas Canarias relativo al año 2020. Debemos destacar que, en este periodo, 23.023 personas han llegado a las costas del archipiélago.
El documento monográfico recoge las principales conclusiones de la Institución que en los últimos meses de 2020 ha realizado una exhaustiva supervisión de las instalaciones de recepción, detención y acogida de personas extranjeras.
El Defensor del Pueblo considera que para abordar esta situación es necesaria la solidaridad de todas las comunidades autónomas y también reclama una política migratoria europea común. En este sentido, valora positivamente el tercer Plan África vigente desde 2019.
En su opinión, hay que “aprovechar la oportunidad que nos ofrece esta crisis para mirar más allá de la emergencia y abordar una política migratoria que tenga en cuenta las necesidades específicas de nuestro mercado de trabajo y nuestra sociedad, en el marco de una política europea”.
A continuación compartimos la presentación de este estudio monográfico del Defensor del Pueblo:
«No one leaves home unless, home is the mouth of a shark
(Nadie deja su hogar salvo un hogar que es la boca de un tiburón)
Home (Hogar), de Warsan ShireEl fenómeno migratorio ha experimentado en las últimas décadas una significativa importancia en el sur de Europa y particularmente en España.
Esta circunstancia ha determinado que el Defensor del Pueblo le venga dedicando en los últimos años una especial atención, siendo buena prueba de ello las continuas actuaciones que hemos desarrollado en este campo y que aparecen recogidas en nuestros informes anuales y monográficos.
Por citar alguna de las más relevantes, me referiré a las realizadas en los años 2017 y 2018, con motivo del incremento de las llegadas irregulares a nuestras costas del arco mediterráneo. En ese momento, mediante visitas no anunciadas a los principales puntos de arribada, anoté cuanto habíamos visto, a la vez que formulé diversas recomendaciones relacionadas con las condiciones de acogida, la detección y el tratamiento dado a las personas con necesidades de protección internacional, a los menores de edad y a las víctimas de trata de seres humanos.
En 2020, hemos iniciado actuaciones similares a las que acabo de referirme, si bien ahora la situación ha sido más compleja, pues a los problemas habituales se ha unido un nuevo factor, la crisis sanitaria producida por la covid-19.
La principal característica del pasado ejercicio fue la llegada a las islas Canarias de 23.023 personas, a las que han de añadirse 16.000 más que accedieron a la península, incluidas las islas Baleares, junto con otras 2.000 que entraron por Ceuta y Melilla.
Los flujos de llegada, provenientes de algunos países del África subsahariana, son el resultado de una serie de factores que vienen sucediéndose en ese territorio en los últimos años, como son: un fuerte incremento demográfico, los efectos negativos derivados del cambio climático, las desigualdades sociales o determinados conflictos armados. Pero en esta ocasión hay otro factor nuevo, que se refiere al incremento de personas de nacionalidad marroquí que han accedido irregularmente a nuestras costas atlánticas.
Este mismo fenómeno ya se había producido en el anterior repunte de llegadas de 2018 en el arco mediterráneo. Es muy ilustrativo el ejemplo de la provincia de Las Palmas. De las 19.852 personas que ha recibido en 2020, un 60 % eran de procedencia marroquí, seguidos a mucha distancia de 3.104 ciudadanos malienses. No hay que olvidar que Marruecos es el tercer país del mundo donde más visados españoles se tramitan y conceden. En concreto, los seis consulados españoles en aquel país tramitaron en 2019 un total de 262.227 visados, de los que unos 47.000 fueron denegados.
No obstante, aunque la cifra de visados concedidos pueda parecer muy importante se ha de llamar la atención sobre el hecho de que tan solo 39.633 corresponden a visados de larga duración (estudios, motivos familiares o residencia y trabajo), los demás son fundamentalmente visados de carácter turístico o de tránsito a otros países. No olvidemos que la comunidad marroquí que reside legalmente en España supera ya las 700.000 personas.
Estos datos deberían hacernos reflexionar y cambiar el enfoque que nos lleva a analizar esta realidad tan solo desde la perspectiva del control de las llegadas irregulares y del manido «efecto llamada» y la lucha contra las mafias. El enfoque de seguridad, sin duda necesario, no siempre va de la mano de un análisis de las vías reales que los ciudadanos marroquíes tienen para entrar en España. Este es un reto de primera magnitud que debería llevarnos a evaluar con urgencia, y de una manera global, la regulación de los flujos migratorios con nuestro país vecino, que permita adaptarla a la realidad social de la migración marroquí en España.
Creo que ha llegado el momento de afrontar algunos cambios en nuestra política consular, por ejemplo, explorando las vías que nos ofrecen los visados de búsqueda de empleo y propiciando la reagrupación familiar o la venida de estudiantes marroquíes a España. Espero que en esta ocasión no dejemos de aprovechar la oportunidad que nos ofrece esta crisis para mirar más allá de la emergencia y abordar una política migratoria que tenga en cuenta las necesidades específicas de nuestro mercado de trabajo y nuestra sociedad, en el marco de una política europea.
Con todo lo dicho anteriormente, he querido poner el acento en esta nueva realidad de la que se habla poco. Entro ya a describir lo sucedido en Canarias, con el notable aumento de llegadas que ha colapsado su capacidad de acogida y que ha obligado a tener que habilitar sobre la marcha diferentes dispositivos provisionales para hacer frente a esta situación.
Por tal motivo, desde el Defensor del Pueblo hemos desplazado al archipiélago canario en las dos últimas semanas del mes de noviembre de 2020 dos equipos de técnicos, con la finalidad de analizar, con la mayor precisión posible, las condiciones de la acogida a los llegados a las principales islas. Esto se completó con mi visita institucional a lo largo de varios días al archipiélago, en donde me entrevisté con el presidente de esa comunidad autónoma, el delegado del Gobierno y el diputado del común. Asimismo, tuve ocasión de compartir impresiones con el anterior delegado del Gobierno y con el anterior diputado del común y con diversas ONG dedicadas a la cuestión migratoria.
Siguiendo la práctica que veníamos aplicando desde 2017, creímos necesario conocer lo sucedido. A tal fin hemos visitado las instalaciones del muelle de Arguineguín, una nave del Puerto de las Palmas, el campamento de Barranco Seco, el Aula de la Naturaleza del Hierro, el Centro de Acogida Temporal de Extranjeros (CATE) de Adeje y el muelle del Puerto del Rosario.
Se han visitado también los centros de acogida humanitaria en Gran Canaria, Lanzarote, Tenerife, el Hierro y Fuerteventura. El mismo tipo de visitas se llevó a cabo, acompañados por personal de la Diputación del Común, en centros de acogida de menores no acompañados en Tinajo, Galdar y Los Llanos de Aridane. Un despliegue tan exhaustivo como el descrito, nos permitió conocer cuáles eran —entre otras cuestiones— las condiciones que existían en los lugares de acogida, el grado de cumplimiento del plazo legal de detención de 72 horas, su libertad deambulatoria, las ocasiones en las que los niños eran separados de sus padres, o la falta de ayuda a las familias en la búsqueda de sus allegados desaparecidos.
Dedicamos también una especial atención a conocer cómo era la asistencia jurídica que se prestaba a las personas que llegaban y el papel que desempeñaban en esto los intérpretes, para valorar si ambas eran las adecuadas. Saber cómo se aplicaban los procedimientos de protección internacional, fue otra de las cuestiones objeto de nuestro interés.
Los menores extranjeros no acompañados forman parte de nuestras habituales preocupaciones, razón por la que venimos supervisando su situación desde hace años y constituye, sin lugar a dudas, uno de los principales problemas con los que se enfrenta la Comunidad Autónoma de Canarias en estos momentos. Los datos facilitados por la entidad de protección de menores de Canarias, a 12 de febrero de 2021, cifra en 2.666 los que están bajo su guarda. Con semejante cuantía, he de reconocer el esfuerzo realizado por las distintas administraciones para ofrecer a estos niños y niñas la atención inmediata que precisan.
Sin embargo, a la vista de las cifras proporcionadas, no es razonable que los servicios de protección canarios asuman en solitario el reto que esto supone, por lo que habría que disponer de un plan estratégico para la integración de los menores, impulsado por la Administración General del Estado. También es necesario su reparto equitativo y solidario entre el resto de las comunidades autónomas, y muy conveniente la suscripción de convenios con fundaciones y otras entidades para que asuman su atención y cuidado.
Otro tema importante es el relacionado con los solicitantes de asilo y su movilidad, cuestión difícil y de la que en ocasiones se facilita información muy escasa.
Tras las últimas sentencias del Tribunal Supremo, deberían cesar de inmediato las trabas que se continúan poniendo a estas personas para abandonar las islas.
Todas estas cuestiones adecuadamente ampliadas y desarrolladas las encontrarán recogidas en las páginas de este informe. Con el hemos intentado reflejar la realidad de lo sucedido en Canarias.
Para finalizar, quiero agradecer de forma expresa la atención prestada por todas las autoridades y funcionarios durante mi visita y las de los técnicos de esta institución, así como la confianza que me otorgaron las ONG al mostrarme sus preocupaciones y la de las personas migrantes que compartieron con nosotros sus vicisitudes.»
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