Por nacionalidades, el país de procedencia del mayor número de solicitantes ha sido Venezuela, con 60.534 peticiones, seguido de Colombia (53.564) y Perú (14.306). Los tres países concentran el 78,6% del total de los expedientes registrados en la oficina de asilo y refugio.
Por lugar de presentación, la Comunidad de Madrid encabeza la lista de comunidades autónomas con más solicitudes (52.684), seguida por Andalucía (25.948) y Cataluña (14.775). El Ministerio del Interior ha resuelto en 2023, además, un total de 92.963 expedientes de protección internacional, lo que supone un incremento del 1,8% respecto al año anterior.
Concesión de protección internacional
El pasado año se han concedido 7.521 estatutos de refugiado, cifra récord hasta la fecha y que supone un 26,5% de los estatutos otorgados por la OAR desde 2012 (28.232). Las cinco primeras nacionalidades de las personas a quienes se les ha concedido estatuto son Afganistán, Siria, Nicaragua, Colombia y Honduras.
Se ha tramitado también la protección subsidiaria para 3.850 personas, principalmente procedentes de Mali. A 41.478 ciudadanos, venezolanos en su mayor parte, les ha sido concedida residencia y trabajo por razones humanitarias durante un año.
De acuerdo con estas cifras, la tasa de reconocimiento del estatuto de refugiado y de protección subsidiaria se ha situado en un 12,23 por ciento y la tasa de protección internacional alcanza un 56,85 por ciento.
Tramitación de peticiones de apátrida
En 2023 se han presentado 953 solicitudes para el reconocimiento del estatuto de apátrida y se han resuelto 1.022 expedientes. La apatridia es un procedimiento dirigido a identificar entre los solicitantes a las personas que no sean consideradas como nacionales por ningún Estado, conforme a su legislación, y manifiesten carecer de nacionalidad, según lo dispuesto en la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, celebrada en Nueva York el 28 de septiembre de 1954.
Más de 33.900 nuevas protecciones temporales
La OAR ha sumado durante 2023 la concesión del régimen de protección temporal a 33.928 personas, lo que eleva a casi 195.000 el número de ciudadanos desplazados por la invasión de Rusia a Ucrania que están amparados por esta figura en España.
El Gobierno español puso en marcha en marzo de 2022 este procedimiento de urgencia y entregó la primera resolución de concesión el 11 de ese mes, en cumplimiento del acuerdo de la Unión Europea que autorizaba, por primera vez, la aplicación de la Directiva de Protección Temporal.
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