Las medidas adoptadas en la Administración para contener el coronavirus afectarán de lleno a los extranjeros. Miles de inmigrantes tendrán aún más dificultades para obtener o renovar sus documentos. Los plazos administrativos serán suspendidos y se priorizan las vías telemáticas, cuando la mayoría de los trámites de los extranjeros son presenciales. El Ministerio de Política Territorial estaba en pleno proceso para automatizar la burocracia de las oficinas de extranjería, pero la pandemia lo ha interrumpido indefinidamente.
A las restricciones de la atención presencial, adoptadas por el Ministerio de Política Territorial, se suma el decreto de alarma con el que se suspenderán los plazos de todos los procesos administrativos.
Las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros afectan sobre todo a los que más dependen de las gestiones de la Administración. En el caso de los inmigrantes, que ya enfrentaban la falta de medios para asumir sus procesos, las dificultades se agravarán. La ralentización de la Administración la sufrirán desde estudiantes extranjeros a inmigrantes que tras años en la irregularidad tenían por fin la posibilidad de adquirir sus papeles. Sin documentos, el inmigrante puede ser expulsado, no puede optar a un empleo formal o alquilar una vivienda. Y los que ya estaban regularizados y necesitan renovar sus permisos se enfrentan, entre otras cosas, a que sus bancos les cancelen las cuentas por falta de documento en vigor. Sin una tarjeta de residencia vigente tampoco tienen permitido retornar a España si necesitan viajar.
Los problemas de los extranjeros para adquirir cita previa y realizar sus trámites venían agravándose en los últimos meses en toda España. La falta de personal en las oficinas de extranjería y la necesidad de un sistema más eficiente y menos burocrático han alimentado además un mercado ilegal en el que se venden turnos para realizar trámites por decenas de euros.
Entre las medidas adoptadas esta semana, la Oficina de Extranjería de la Delegación de Madrid, una de las más saturadas, redujo a la mitad las citas previas para tramitar autorizaciones de residencia. A partir del lunes, iban a ser apenas 22 diarias, pero mientras esté en vigor el estado de alarma no habrá atención presencial. Esto afectará a los procesos de regularización y renovación de miles de personas que ya llevaban meses intentando concluir sus trámites.
Uno de los afectados será el empresario brasileño Camilo Feliciano de Oliveira, que esperaba para renovar su permiso de residencia y el de toda su familia desde agosto del año pasado. Oliveira, su mujer, su suegra y su hijo de 12 años se mudaron a Madrid en septiembre de 2018 y obtuvieron una autorización de residencia no lucrativa. El empresario, que importa y exporta productos agrícolas, decidió que podría seguir con sus negocios en Brasil desde Madrid con algunos viajes puntuales, pero desde que caducó su primera autorización el pasado octubre estaba en un limbo. Presentaron todos los papeles, cumplían con todos los requisitos, pero la Administración no les respondió hasta este lunes. “Estuve una semana y media con la cuenta bloqueada, tuvimos que renovar la matrícula del niño con sus documentos caducados y no he podido viajar para visitar a mis clientes”, relata. “He cumplido todos los trámites, pero a ojos del sistema era como si fuese ilegal”. La familia tiene ahora que tomarse las huellas para obtener su tarjeta de residencia y regularizar por fin su situación, pero no hay —ni habrá por tiempo indefinido— citas disponibles.
Fuente: El País
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