La situación actual con las citas previas para cualquier trámite relacionado con la Protección Internacional o Asilo, así como aquellos relativos al Régimen General de Extranjería, se ha convertido en una denuncia constante por distintas organizaciones, activistas, abogados y asociaciones que enfocamos nuestras labores en beneficio del colectivo migrante. Incluso, no ha dejado indiferente al Defensor del Pueblo.
Nuestro despacho conoce de primera mano las dificultades que enfrentan los extranjeros, y por ello ante cualquier vicisitud nos encargamos de realizar nuestras quejas formales ante los organismos competentes. En este caso, nuestra Directora hizo llegar su preocupación al Defensor del Pueblo sobre la vulneración de derechos que atraviesan en estos momentos los migrantes al no tener las condiciones adecuadas y óptimas para hacer sus solicitudes o llevar a cabo sus trámites, a falta de citas previas.
Hace unos días, recibimos respuesta sobre el problema de las citas previas por parte del Defensor del Pueblo (e.f.), en su comunicación expresó lo siguiente:
“El pasado 18 de enero de 2019, esta institución dio traslado al Ministro del Interior de un Recordatorio de deberes legales formulado a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras con motivo de las dificultades para obtener una cita previa para acceder al procedimiento de protección internacional.
En dicho escrito, se advertía también de que el sistema utilizado para facilitar el acceso al procedimiento de asilo debía de ser revisado con urgencia, tanto para arbitrar un sistema eficaz de cita previa como para garantizar que las personas en situación de especial vulnerabilidad pudieran tener acceso a los servicios sociales y de acogida necesarios.
Por ello, se instaba a adoptar, a la mayor brevedad, medidas para garantizar el derecho que tienen los solicitantes de protección internacional que acuden a dependencias policiales a recibir un resguardo que acredite que se han personado, a realizar la entrevista en una dependencia adecuada y a que el funcionario tenga la formación necesaria para tener en cuenta las circunstancias personales y generales que rodean la solicitud, incluidas las raíces culturales del solicitante, su género, su orientación sexual, su identidad de género o su vulnerabilidad.
Hasta la fecha no se ha recibido respuesta de la Administración a dichas cuestiones y, sin embargo, no ha dejado de crecer el número de quejas relacionadas con las dificultades para obtener una cita previa y acceder al procedimiento de protección internacional, así como realizar entrevistas de asilo en condiciones adecuadas.
Esta situación se ha visto agravada por las medidas que se han tenido que adoptar en el marco de la crisis sanitaria generada por el COVID-19, pues durante el estado de alarma se suspendieron, tanto los plazos administrativos como la atención presencial, lo cual ha llevado a una gran acumulación de carga de trabajo en las administraciones públicas.
Además, las dificultades para obtener cita previa detectadas años atrás en ciertas provincias, se han extendido a una multitud de trámites que deben realizar los ciudadanos extranjeros en dependencias policiales de todo el territorio nacional, más allá del ámbito de la protección internacional.
El informe anual 2019 del Defensor del Pueblo (página 237 y siguientes), dedica un apartado a tratar esta cuestión, pues a juicio de esta institución debe revisarse con urgencia la colaboración de la Policía Nacional para afrontar la gestión de las peticiones de asilo, en cuanto a la asignación de citas previas, la realización de entrevistas de asilo y la expedición de documentación. El papel de la Policía Nacional ha resultado imprescindible para abordar el fuerte incremento de solicitudes en un plazo muy corto de tiempo, pero esa colaboración que se planteó como algo puntual se está prolongando en el tiempo, provocando importantes disfunciones en el sistema.
La Comisaría General de Extranjería y Fronteras ha reconocido los graves retrasos existentes, dado el aumento de solicitantes de asilo desde 2015 y la necesidad de documentales con la tarjeta roja, que se renueva cada seis meses. Dichas demorar continúan a pesar de que se haya citado la instrucción número 9/2020, de medidas relativas a la prórroga de vigencia de determinados documentos expedidos por las Unidades de Extranjería y Fronteras, con ocasión del estado de alarma declarado por la emergencia sanitaria COVID-19.
Por tanto, aunque se hayan adoptado medidas materiales y de recursos humanos para paliar esta situación, el Defensor del Pueblo considera que son insuficientes para dar respuesta a una demanda creciente de solicitudes de asilo y trámites relacionados con el régimen de extranjería de tarjetas de identidad de extranjeros, autorizaciones de regreso, cartas de invitación, etcétera.
A finales de 2019, el Defensor del Pueblo formuló varias recomendaciones a la Secretaría de Estado de Migraciones y a la Secretaría de Estado de Política Territorial, con el fin de que se revisara de manera urgente la aplicación informática de la cita previa de extranjería de la Sede electrónica de Administraciones Públicas y se adoptaran las medidas técnicas necesarias para garantizar el derecho de los ciudadanos a solicitar y obtener en tiempo y forma una cita. Asimismo, se recomendó analizar la suficiencia de las plantillas destinadas a realizar los trámites de extranjería en delegaciones y subdelegaciones del Gobierno, sin tomar como única variable los tiempos medios de resolución de expedientes o el número asignado a cada funcionario, sino comparando el número de citas pendientes o de extranjeros en esa provincia con tarjetas de residencia o de solicitudes de asilo en vigor.
Recientemente se han formulado nuevas recomendaciones a la Dirección General de Migraciones, con el fin de dictar instrucciones, en coordinación con las autoridades policiales, para que de modo conjunto con la resolución que conceda autorización de residencia, o de estancia, se asigne cita previa para la emisión de la correspondiente Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE). Además, se ha recomendado que se haga constar en las resoluciones que conceden autorización de residencia y trabajo, que dicha resolución habilita para acceder el mercado laboral, darse de alta en la Seguridad Social así como para realizar el resto de trámites que precisen, sin perjuicio de la presentación de la correspondiente TIE, una vez que se expida.
Por otra parte, esta institución ha iniciado actuaciones con la Dirección General de la Policía y con algunas jefaturas superiores de Policía, dado el elevado número de quejas relacionadas con la excesiva demora en la asignación de citas para trámites realizados por la Policía, fundamentalmente en aquellas zonas que cuentan con un número significativo de ciudadanos extranjeros y en relación con la manifestación de la voluntad de pedir asilo y la realización de entrevistas, pues muchas se asignan para más de un año después. Según la información recibida hasta la fecha, en algunas provincias se está trabajando en planes de choque o se han adoptado medidas para tratar de aliviar los retrasos existentes.
Asimismo, se ha solicitado información a la Dirección General de la Policía sobre cómo se está procediendo a la asignación de citas y a la expedición de documentos tras la reanudación el periodo de suspensión de la atención durante el estado de alarma, pero aún no se ha recibido respuesta.
No obstante, esta institución ha tenido conocimiento de que en un número considerable de casos, los interesados han sido contactados por la Policía vía telefónica para proceder al adelanto de la cita, cuando ha sido posible, con posterioridad al levantamiento del estado de alarma en el mes de junio.
Las dificultades expuestas resultan incompatibles con los principios del servicio efectivos a los ciudadanos, simplicidad, claridad, proximidad y eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Además, afectan a todo tipo de trámites que deben realizar los ciudadanos extranjeros, ya sean comunitarios que cuentan con un régimen privilegiado, menores de edad cuyo interés superior obliga a la Administración a adoptar el principio de favor minoris, extranjeros en régimen general que están obligados a tramitar su documentación en un plazo determinado, solicitantes de protección internacional, así como otros casos urgentes. Todo ello dificulta el acceso al mercado laboral, el alta en la Seguridad Social o la realización de distintos trámites administrativos y bancarios, entre otros.
Por todo ello, se ha decidido reiterar la solicitud de respuesta a las cuestiones trasladadas en el Recordatorio de deberes legales remitido al Ministro del Interior el 18 de enero de 2019 sobre:
- El derecho que tienen los ciudadanos extranjeros que acuden a dependencias policiales a recibir un resguardo que acredite que se han personado en las mismas, para manifestar su voluntad de solicitar protección internacional.
- El derecho que asiste a los solicitantes de protección internacional de realizar la entrevista en una dependencia adecuada y que el funcionario que la lleve a cabo tenga la formación necesaria para tener en cuenta las circunstancias personales y generales que rodean la solicitud, incluidas las raíces culturales del solicitante, su género, su orientación sexual, su identidad de género o su vulnerabilidad.
Asimismo, a la vista del incremento de quejas relacionadas con las dificultades para obtener una cita previa y realizar distintos trámites en dependencias policiales, se ha formulado la siguiente Recomendación:
<<Adoptar de forma urgente las medidas necesarias para facilitar el acceso al sistema de cita previa y reducir la excesiva demora existente para la realización de diversos trámites en dependencias policiales, que afectan a la situación de los ciudadanos extranjeros, tanto en régimen de extranjería como solicitantes de protección internacional>>.
Una vez que se reciba la respuesta de dicho organismo, se le dará traslado de su contenido.”
Esperamos que pronto nuestras instituciones consigan solventar esta situación que a cientos de extranjeros está afectando, dejándolos desamparados ante nuestro sistema.
Por ahora, y como suele ser, el Defensor del Pueblo está enfocando gran parte de sus esfuerzos a buscar soluciones a esta problemática
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