CEAR: Impacto de la pandemia en la acogida e inclusión de las personas refugiadas

Falta de acceso a derechos básicos

Sin duda, uno de los retos ha sido lograr el acceso a la protección social que encuentran en nuestro país, es decir, a la atención médica (incluida la prevención y la detección) y a la seguridad de los ingresos (no solo a través de los generados por actividades remuneradas, sino con las rentas e ingresos del sistema público de protección social).

El problema radica en que las personas solicitantes de protección internacional no tienen derecho a ayudas como el Ingreso Mínimo Vital (IMV) aprobado por el Gobierno para paliar las dramáticas consecuencias que estaban viviendo miles de personas ante la falta de trabajo. Para percibir esta ayuda se exige la “residencia legal o ininterrumpida durante un año en España”, requisito que no cumplen quienes han solicitado asilo y están a la espera de una resolución de su expediente, ya que solo disponen de una autorización de residencia de carácter temporal.

Durante los meses del primer estado de alarma, como ya se ha expuesto, se produjo un parón administrativo, que dificultó tanto la posibilidad de formalizar la solicitud de protección internacional como su renovación. Además de alimentar la incertidumbre, generó también muchos interrogantes al empresariado para llevar a cabo contrataciones de estas personas.

La Instrucción 9/2020 del Ministerio de Interior proporcionó cierta seguridad jurídica a las personas solicitantes cuya documentación caducó durante el estado de alarma a través de la prórroga automática de sus documentos identificativos y reconoció el derecho a trabajar a quienes tuvieran el resguardo (blanco) de presentación de la solicitud de asilo, siempre que no se le hubiese notificado la resolución de su expediente. Pese a ello, numerosas entidades públicas y privadas (bancos, empresas, academias), el Instituto de la Seguridad Social o los registros de empadronamiento de algunos ayuntamientos interpretaron que la documentación de la persona solicitante estaba caducada. Esto dificultó o impidió una sucesión de trámites y gestiones básicas en el inicio de la inclusión en una sociedad de acogida: el empadronamiento, la solicitud de tarjeta sanitaria, la apertura de cuenta bancaria, la escolarización, la inscripción en el servicio público de empleo, etc.

A pesar de la flexibilidad de las medidas aprobadas por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), se mantuvieron barreras relacionadas con la brecha digital y la imposibilidad de acceso a medios para participar en la formación para el empleo, a excepción de aquellos casos en que se pudieron conseguir dispositivos electrónicos gracias a las donaciones privadas.

Las personas solicitantes de protección internacional, cuya situación administrativa y cuyo permiso de trabajo son temporales, sufrieron de forma acuciante la pérdida de empleos por la no renovación del contrato temporal, por la incertidumbre que generó la caducidad de los documentos identificativos, por los despidos en periodos de prueba, por la no realización o finalización de las prácticas formativas que podían darles la oportunidad de acceder a un empleo y por la destrucción de puestos de trabajo en los sectores en los que tienen un mayor índice de empleabilidad, como turismo, servicios, hostelería, cuidados… Por el contrario, encontraron mayores oportunidades laborales en sectores que fueron claves para paliar los efectos de la pandemia, como: la logística, almacén y transporte; la limpieza; el sector sociosanitario y de cuidados; y el agrícola. Pese a ello, la población extranjera en su conjunto sufrió un mayor impacto en la pérdida de afiliación a la Seguridad Social, un 6,1% respecto al 3,4% de la población española.

La declaración del estado de alarma detuvo la búsqueda de vivienda de muchas personas solicitantes de asilo, al igual que la actividad del mercado inmobiliario en general por no considerarse esencial. Sin embargo, con la llegada de la «nueva normalidad», y como consecuencia de la suspensión de la actividad turística y académica, una gran cantidad de pisos destinados a estos sectores quedó disponible.

Muchas personas propietarias y empresas inmobiliarias cambiaron su postura en relación a alquilar a personas migrantes, pasando de considerarlo un colectivo peligroso por su inestabilidad económica y laboral a verlo como un potencial cliente. El respaldo de una ayuda económica pasó a ser una garantía de pago por encima de muchas personas que, debido a la pandemia, se encontraban también sin nóminas ni ayudas de unos servicios sociales completamente colapsados.

Brecha digital

La pandemia ha impuesto una experimentación acelerada de la digitalización de la sociedad y ha mostrado el déficit generalizado en competencias digitales, de manera aún más notoria en este colectivo. Falta un uso apropiado de las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC), ya sea por la carencia de acceso a ellas, por la ausencia de conocimientos sobre el uso de las diferentes herramientas o por no tener dispositivos informáticos o acceso a internet.

Esto ha dificultado la realización de trámites administrativos, como las solicitudes de citas en la Oficina de Asilo y Refugio, el SEPE o el médico, el aprendizaje del idioma, las formaciones ocupacionales en línea e, incluso, la posibilidad de realizar las atenciones y entrevistas con los diferentes equipos profesionales del proceso de acogida e inclusión (intervenciones psicológicas o de atención psicosocial, jurídicas,
sociales…).

Impacto en las mujeres refugiadas

Muchas mujeres solicitantes de protección internacional han visto paralizadas sus expectativas de una futura vida independiente y autónoma. Otras han señalado sentimientos de culpa al no poder asumir en la distancia su rol de cuidadoras de sus seres queridos en momentos tan difíciles, sintiéndose fracasadas. Esta “culpa de género” ha afectado especialmente a aquellas que han visto enfermar o fallecer a seres queridos en la distancia.

Además, su alta representación en el trabajo sanitario y de los cuidados supone un elevado grado de exposición al contagio ante el contacto directo y continuado con personas afectadas por la COVID-19. Además, muchas debieron abandonar sus empleos para hacer frente al cuidado de los menores cuando los centros educativos permanecieron cerrados o en momentos de cuarentenas en las que, al carecer de una red de apoyo familiar o social, no han podido elegir entre trabajar o cuidar. Su inserción laboral se produce, por ejemplo, en sectores de comercio de alimentación (cajeras y dependientas) y en los servicios de limpieza hospitalaria y residencias, declarados esenciales, pero altamente precarizados y que tienen mucha actividad en la economía sumergida.

Por otra parte, en 2020 la ONU realizó un llamamiento mundial para actuar frente al repunte de la violencia de género en situaciones de aislamiento. España vivió un aumento de las peticiones de ayuda por este motivo tras el inicio de la pandemia, de hecho 2020 fue el tercer año en el que el 016 ha sido más utilizado. El confinamiento permitió a los agresores mantener el control sobre sus víctimas sin necesidad de imponer las formas más agresivas de violencia, dañando gravemente la salud mental de las mujeres, menores y personas dependientes.

Ejemplos de superación

Pese a todo lo expuesto, cabe destacar que las personas refugiadas y solicitantes están siendo un ejemplo de fortaleza, adaptación y resiliencia. El hecho de que hayan vivido previamente situaciones traumáticas, de peligro, amenaza, aislamiento o incertidumbre probablemente explique por qué muchas de ellas activan y tienen recursos, habilidades y estrategias para superar esta nueva realidad.

No obstante, durante el tercer trimestre de 2020 se comenzaron a resolver muchas solicitudes pendientes, lo que generó la salida del sistema de muchas personas solicitantes cuya solicitud de asilo fue rechazada. Esto provocó que muchas se quedaran en situación administrativa irregular, sin acceso a un empleo ni a ningún tipo de prestación económica o cobertura de sus necesidades básicas, en plena pandemia.»