Más de 100 organizaciones europeas de la sociedad civil y profesionales que trabajan en el ámbito del asilo, la migración, la asistencia humanitaria y los derechos humanos, que forman parte del ECRE, entre ellas CEAR, muestran su conmoción por la continua crisis humanitaria en las fronteras entre la UE y Bielorrusia, que causa un inmenso sufrimiento y ha provocado la muerte de al menos diez personas.
Al tiempo que condenan plenamente las acciones de Bielorrusia, instan a la UE, a sus Estados miembros y a todas las organizaciones europeas e internacionales pertinentes, a dar una respuesta acorde con las obligaciones legales comunitarias e internacionales y con los estándares de la decencia común.
Si bien las personas en medio de la crisis están siendo utilizadas como partes en el conflicto entre la UE y Bielorrusia, que tiene una dimensión de seguridad, las personas en sí mismas no son una amenaza para la seguridad, y no deberían ser referidas ni tratadas por ninguna de las partes como si fueran un arma. De hecho, todos los relatos sugieren que hay grupos extremadamente vulnerables entre las personas atrapadas en estos acontecimientos, como mujeres embarazadas, familias con niños pequeños y personas mayores o heridas. Entre ellos, personas que han huido de la guerra y la persecución desde Siria, Yemen, Afganistán o Irak, y que, a falta de vías seguras y legales, no tenían otra forma de ponerse a salvo.
También observan como, a pesar de las graves tensiones existentes entre los Estados implicados, la situación, como muchas otras en las fronteras de la UE, es manejable, y debe abordarse con perspectiva: a nivel mundial, muchos países en situaciones muy frágiles se enfrentan a complejos desafíos de desplazamiento, con dimensiones geopolíticas y de seguridad y que implican a un número mucho mayor de personas. Lo que se necesita es una respuesta lúcida que incluya una firme defensa del derecho de asilo y del derecho comunitario e internacional.
Por ello, proponen las siguientes respuestas que abarcan los distintos elementos de la crisis:
- Garantizar el acceso al asilo en las fronteras. De acuerdo con el derecho internacional y de la UE, toda persona que busque asilo en las fronteras, independientemente de su forma de llegada, tiene derecho a presentar una solicitud de asilo. El acceso al asilo en Polonia, Lituania y Letonia debe restablecerse inmediatamente tanto en la ley como en la práctica. Esto significa que todas las medidas destinadas a impedir que las personas accedan al territorio de la UE y presenten una solicitud de asilo, deben cesar. Lo que incluye acabar con el impedimento para llegar al territorio de la UE, así como con el uso de la fuerza y con las instrucciones a la guardia fronteriza para que lleven a cabo devoluciones. También se debe poner fin a la prohibición de presentar solicitudes de asilo mediante la limitación del acceso efectivo al procedimiento a través de restricciones geográficas al lugar donde se pueden presentar las solicitudes, así como a los intentos de derogación de la ley de asilo y de la protección frente a las devoluciones o retornos.
- Garantizar el acceso humanitario. A corto plazo, es esencial que los Estados implicados garanticen el acceso humanitario a las personas afectadas, para que las organizaciones humanitarias puedan llegar a ellas y prestarles asistencia. El hecho de que los Estados miembros de la UE impidan la prestación de asistencia vital a las personas, algunas de las cuales son extremadamente vulnerables, es deplorable e imprudente. Además, se corre el riesgo de que tenga un impacto negativo en lo que se refiere al acceso humanitario en contextos de desplazamiento fuera de la UE y socava la credibilidad de la UE en su rol de actor humanitario. En caso de que el enfrentamiento continúe, la decisión de evacuar inmediatamente a las personas de la región fronteriza hacia los Estados miembros de la UE es una opción que podría evitar más pérdidas de vidas, aprovechando además las propuestas ya recibidas desde la sociedad civil, ciudades y grupos religiosos para acoger a las personas. Paralelamente, los Estados miembros de la UE deberían debatir y acordar acuerdos de reubicación ad hoc. El traslado de personas a terceros países para la solicitud del asilo, como se ha propuesto, es ilegal según el derecho comunitario e internacional, además de políticamente inviable.
- Retirar la legislación interna no conforme con el derecho comunitario. La situación en la frontera exterior ha provocado cambios en legislaciones nacionales en materia de asilo. Como demuestra el análisis jurídico de la legislación adoptada en Lituania, Polonia y Letonia, algunos cambios legislativos son incompatibles con el acervo comunitario en materia de asilo, los Tratados de la UE, la Carta de los Derechos Fundamentales y el derecho internacional. En Lituania, los cambios pretenden restringir el acceso al asilo; eliminar la protección de las personas en situación de vulnerabilidad; permitir la detención automática; restringir el acceso a un recurso legal efectivo; y reducir el acceso a las condiciones de acogida. En el caso de Polonia, la nueva legislación viola directamente el principio de no devolución, al permitir la expulsión de personas de Polonia incluso después de que hayan solicitado protección internacional y sin un examen individual sobre si la expulsión daría lugar a una violación de sus derechos humanos. En Letonia, los cambios excluyen la de solicitar asilo a las personas que cruzan la frontera, lo que significa que no se respeta el derecho a solicitar asilo y la protección contra las devoluciones. Aunque algunas de las modificaciones son -en teoría- temporales y su aplicación está restringida geográficamente, corren el riesgo de institucionalizar una práctica ilegal. La solicitud de asilo es un derecho fundamental y la no devolución es un principio inderogable que debe respetarse incluso en situaciones de emergencia. La Comisión Europea debe hacer seguimiento a su petición a los Estados miembros de que eliminen los aspectos de la legislación que violan el derecho de la UE. El cumplimiento de la legislación de la UE debe ser una condición básica para todas las ayudas de la UE. Si los Estados miembros se niegan a respetar el derecho de la UE y el derecho internacional, debe considerarse la posibilidad de aplicar medidas de infracción y disciplinarias.
- Contrarrestar la represión de la sociedad civil, los medios de comunicación y los profesionales del derecho. La situación en las fronteras de la UE ha provocado intentos por parte de los Estados miembros de intimidar y reprimir a la sociedad civil independiente, a los medios de comunicación y a los profesionales del derecho que intentan responder de acuerdo con sus funciones profesionales. Las actividades destinadas a prestar asistencia humanitaria y jurídica a las personas en la frontera no deben ser criminalizadas. Prohibir el acceso de la sociedad civil y periodistas a las zonas fronterizas, no sólo deja a las personas sin apoyo, sino que también repercute en el trabajo de la sociedad civil independiente y de los medios de comunicación más allá de Europa. Es esencial que la situación en la zona fronteriza sea supervisada por actores independientes para garantizar que se respeta el derecho internacional y de la UE. Los actos de violencia deben ser condenados e investigados.
- Situar los estándares de los derechos humanos y la transparencia en el centro de la cooperación con terceros países. En la actualidad, la UE busca activamente acuerdos con terceros países para que impidan la llegada de personas a la frontera de la UE o para que readmitan a sus nacionales. Debe garantizarse que cualquier acuerdo con terceros países, como Irak, Turquía o Líbano, se ajuste a las normas internacionales de derechos humanos, empezando por el derecho a salir del propio país y las obligaciones de no devolución. Para lograr la rendición de cuentas democrática sobre acuerdos de la UE con terceros países, su contenido debe hacerse público, y el Parlamento Europeo debe tener un papel significativo en la supervisión de los acuerdos. De la misma manera debe garantizarse la supervisión independiente y el apoyo a las personas en su retorno. La UE y los Estados miembros deben responder a las crisis fronterizas de acuerdo con sus obligaciones legales internacionales y comunitarias. El actual marco político-jurídico, si se aplica, proporciona todos los elementos para manejar esta situación de forma pausada basada en los derechos, y bien gestionada. Nos alarma escuchar que se están elaborando propuestas que podrían permitir derogaciones injustificables al derecho internacional y comunitario.
Entidades firmantes
A Buon Diritto Onlus
A.S.G.I. – Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione
ACT Alliance EU
Action Aid International
ActionAid Italy
ActionAid Spain
aditus foundation
Africa Solidarity Centre Ireland
Amnesty International
Andalucía Acoge
ARCI (Associazione Ricreativa e Culturale Italiana)
ARENE (Afghan Refugees Experts Network in Europe)
Association for Economic Consultations for Immigrants and Refugees (ACEIR)
ASSOCIATION ODNOS
AsyLex
asylkoordination österreich
Asylrättscentrum – Swedish Refugee Law Center
BRD-Sweden
Brot für die Welt
Bundesverband Netzwerke von Migrantenorganisationen e.V. (NeMO) Germany
Cambiare L’Ordine delle Cose, Forum Nazionale
Caritas Europa
CEAR
Centre for Research and Social Development IDEAS (Serbia)
Centro Astalli
Church of Sweden
CIR
CIRÉ (Coordination et Initiatives pour Réfugiés et Étrangers)
Concord Italy
Conselho Português para os Refugiados (CPR)
Convive-Fundación Cepaim
Cordaid
Danish Refugee Council (DRC)
Defence for Children – ECPAT Netherlands
Der Paritätische Gesamtverband
Diakonie Austria
Dutch Council for Refugees
ECRE
Entreculturas
Estonian Refugee Council
Eurochild
EuroMed Rights
European Association of Development Research and Training Institutes (EADI)
European Center for Constitutional and Human Rights
European Network on Statelessness
fairness-asyl
FARR – the Swedish Network of Refugee Support Groups
Fédération de l’entraide protestante
Federation of Protestant Churches in Italy (FCEI)
Finnish Ecumenical Council
Finnish Refugee Advice Centre
FOCSIV- Italian federation Christian organisations of international voluntary service
Forum for Equitable Development (Slovenia)
Forum réfugiés-Cosi
France terre d’asile
Geloof en Samenleving (de Remonstranten)
German Caritas Association
Global Call to Action Against Poverty (GCAP) Europe
Greek Forum of Refugees
Helsinki Foundation for Human Rights
HIAS Europe
HIAS Greece
Hungarian Helsinki Committee
I.C.S. (Consorzio Italiano di Solidarietà)
ICMC Europe/SHARE network
IGLESIA EVANGELICA ESPAÑOLA
ILGA-Europe
Immigrant Council of Ireland
Institue Emma – center for victims if violence
Institute Circle, Slovenia
International Rescue Committee
Intersos
IPSIA ACLI
Irish Refugee Council
Ivorian Community of Greece
JRS Europe
La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo
Legambiente
Lunaria
Médecins du Monde International Network
Medici per i Diritti Umani (MEDU)
Missing Children Europe
Mosaico azioni per i rifugiati
New Women Connectors
NOAS
Norwegian Refugee Council
Ocalenie Foundation
OMEP
Open Society European Policy Institute (OSEPI)
OPU – Organisation for Aid to Refugee
Oxfam International
Passerell
PIC – Legal centre for the protection of human rights and the environment
PICUM
PRO ASYL
Red Acoge (Spain)
Refugees Welcome Italia
Safe Passage International
Save the Children
she4she
Slovene Philanthropy – Association for Promotion of Volunteering
Stop Mare
Swiss Refugee Council
Symbiosis-School of Political Studies in Greece, Council of Europe Network
UNITED for Intercultural Action Campaign secretariat Fortress Europe No More Deaths
Vluchtelingenwerk Vlaanderen
World Hazara Council (WHC)
Nota publicada por CEAR en su portal web
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