La Administración de Justicia. Asignatura pendiente

La Administración de Justicia. Asignatura pendiente

 

Leo hoy en la prensa que mañana lunes se inicia el juicio en la Audiencia Provincial de Barcelona, de uno de los varios conocidos como “Caso Neymar”, este concretamente relativo a su fichaje por el Futbol Club Barcelona, que se remonta al año. 2013.

Han pasado 9 años de los hechos, y la instrucción de la causa se ha dilatado enormemente.

Lo lamentable es que la larga duración de los procedimientos judiciales es una lacra extendida en el sistema, y en todas sus jurisdicciones. (civil – penal – social y contencioso -administrativa) .

La Constitución garantiza el derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales, y a un procedimiento sin dilaciones indebidas.

No obstante, la realidad es muy distinta. Nos consta a los profesionales del derecho, y también al justiciable. La percepción social es de insatisfacción.

En el Congreso se debaten a día de hoy varias propuestas legislativas, a iniciativa del gobierno, dirigidas a encontrar soluciones, y conseguir que la tutela sea realmente efectiva.

 

Solo las enumero.

  • Proyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Digital del Servicio Público de Justicia,
  • Proyecto de Ley orgánica de Eficiencia organizativa del servicio público de justicia,
  • Proyecto de ley de medidas de Eficiencia procesal del servicio público de justicia.

 

En definitiva, se intenta una nueva reforma global, tocando los campos procesales, organizativos, y técnicos. Habrá que esperar al resultado que, tras el debate parlamentario, consiga mejorar los textos iniciales.

Diferentes gobiernos, de diferentes colores, y con diversas actuaciones, a lo largo de los últimos años no han conseguido que la Administración se ponga las pilas, y reaccione; que con los recursos y la estructura de que ya dispone se consiga una respuesta más eficaz y más eficiente.

Recordemos la campaña Papel Cero impulsada por el ministro de Justicia Rafael Catalá, para el 1 de enero de 2016.  Han pasado 6 años. A día de hoy conviven en nuestros Juzgados el expediente digital, con el formato papel según la jurisdicción.

No obstante, nuestra ley Procesal civil, en su artículo 276,4 obliga al procurador de los Tribunales a la presentación de copias en formato papel, con apercibimiento de inadmisión en caso de no presentación. La propuesta que propugnamos es su modificación. ¿Por qué no puede ser otro soporte? Otros tipos de archivos digitales, para su remisión también por otros medios diferentes al correo.

Qué sentido tiene en el siglo XXI seguir utilizando papel, en vez de cualquier otro medio digital.

Hay futuro para todos si cuidamos el medio ambiente.

Nos merecemos una Administración de Justicia del siglo XXI, que garantice una Justicia como servicio público.

 


 

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