Funcionarios desmienten que los extranjeros tengan más ayuda.

A continuación, presentamos este artículo publicado por el Confidencial que se apoya en comentarios en las redes sociales de funcionarios públicos para desmentir el discurso actual del partido político el Vox que asegura que los extranjeros en España tienen más beneficios y/o ayudas del estado por su condición de inmigrante.  

Jesús Miramón lleva más de 20 años trabajando como informador en el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Desde su ventanilla de Barbastro, en Aragón, tramita jubilaciones, pensiones contributivas o ayudas por hijo a cargo junto a otros dos compañeros. Para atender a sus vecinos, se sabe al dedillo los requisitos para cada prestación y gestión, y por eso, cargado de autoridad y hartazgo, hace unos días explotó: “ES FALSO QUE LOS EXTRANJEROS TENGAN AYUDAS O BENEFICIOS AJENOS A LOS DE LOS ESPAÑOLES”.

Así, con mayúsculas de indignación lanzó su mensaje a Twitter, “harto de oír cómo los políticos dicen mentiras absolutamente comprobables que calan en la población”, explica por teléfono a este diario. Por el momento, el tuit lleva más de 21.000 retuits. Las respuestas, sin embargo, son de todo tipo: desde incrédulos que contradicen los trámites que Jesús lleva a cabo día a día, a personas que agradecen la aclaración. Pero también otros funcionarios que como él han querido dejar claro que no, que tampoco en sus áreas y departamentos se conceden ayudas a los inmigrantes por el hecho de serlo.

En el SEPE —lo que toda la gente sigue llamando INEM—, no hay absolutamente ninguna prestación que diga que es para extranjeros”, comparte Xan Ramos, funcionario en la oficina telefónica de atención al público de Pontevedra, en Galicia. “Ni el desempleo, ni la prestación asistencial ni la renta mínima de inserción… Nada. Llevo más de 20 años aquí y ha habido muchos cambios, pero nunca ha habido una sola ayuda que beneficie a los inmigrantes. Se favorece a la gente por sus condiciones, no por su nacionalidad. Si cumples unos requisitos, cobras. Punto, no hay más”.

Sin embargo, varios funcionarios señalan que en su día a día suelen encontrarse con españoles que se indignan cuando en la cola de espera se encuentran con alguien de otro país. “A veces me ha pasado que se levanta una persona africana, y el que se sienta después, como buscando complicidad, te dice: Jo, lo que tenéis que aguantar aquí, con tantos extranjeros. Pero les corto y les digo que son iguales que él”, añade Miramón. “Y si tengo confianza, se lo desmonto y añado que no dejen que pensamientos tan feos se agarren a su forma de pensar”. Desde la oficina de Miramón se tramitan pensiones contributivas, de viudedad o con personas dependientes, y aunque muchas son autonómicas, la tónica a nivel nacional es siempre la misma. “Es que si se discriminase por nacionalidad sería directamente inconstitucional”, zanja. «Lo que pasa es que muchas veces son más pobres. Por eso a algunos que se quejan les diría que lo que tienen que hacer es empobrecerse, que prueben a vivir como ellos, en pisos más baratos, sin trabajo fijo… Y cobrarán esas ayudas».

Mónica Caparrós, concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Sagunto (Valencia), ha llegado a echar a dos personas de su oficina —las únicas— por comentarios xenófobos: “Uno hizo la gracia de: ‘¿Si me pongo un pañuelo me das una ayuda?”. Las prestaciones de emergencia social que otorgan (suministros, alquiler, material escolar…) son las más susceptibles de sufrir este prejuicio precisamente por ir dirigidas a personas vulnerables, pero Caparrós, que firma todas las ayudas que se conceden en el municipio, lo desmonta fácilmente: “Lo que ocurre es que cuando una persona es de fuera tiene menos arraigo y menos opciones. No tiene una familia que la ayude con el alquiler o una madre que ponga de comer a sus hijos, y no les queda otra que recurrir a los servicios sociales. Por eso parece que tienen más, pero realmente el porcentaje de ayudas a personas españolas e inmigrantes es muy parecido”. Según datos de Amnistía Internacional, el uso en España de los servicios sociales por personas extranjeras no pasa del 12,5%.

De hecho, apunta Ramos, lo que sí hay son prestaciones dirigidas únicamente a españoles, como son las ayudas para retornados: personas que tuvieron que irse fuera de España a trabajar y quieren volver. También hay requisitos que sí se piden a extranjeros y no a los nacionalizados españoles para una misma prestación, señala Miramón, como ocurre con las subvenciones para personas en exclusión con hijos y la renta de inserción, para las que se solicita a los extranjeros el empadronamiento durante un año en Aragón. “A los españoles, si son de otra comunidad, no se les pide. Y no son pocos los que la solicitan”. Tampoco en la Agencia Tributaria hay ninguna exención que beneficie a los extranjeros, confirma otra funcionaria que prefiere mantenerse en el anonimato: “Realmente, debería ser innecesario tener que aclarar esto. Es una obviedad y es increíble que haya tanta gente que piense que no es así”

Es más, los extranjeros sí han perdido algunas prestaciones de manera discrecional por su nacionalidad, como pasó con la eliminación de la sanidad universal durante la crisis con el Partido Popular, como recuerda Jesús Alcalde, administrativo durante 20 años en un hospital de Barcelona. Las salas de espera, denuncia, tampoco están libres de conflicto: “Urgencias suele ser el mayor foco de problemas, porque cuando ven que una persona africana pasa por delante del resto se indignan. Lo que no entienden es que no es la nacionalidad la que tiene preferencia, sino la patología”.

Según explica, cuando llega al hospital una persona que procede de países con riesgo de transmisión de enfermedades que ya no son comunes en países occidentales, se activa un protocolo para darles preferencia y que no haya riesgo de contagio entre el resto de pacientes. Esto sucede, por ejemplo, cuando traen una herida abierta o síntomas de patologías infecciosas.

“Recuerdo una vez que tuvo que intervenir seguridad porque una persona española acabó agrediendo a una enfermera y a un técnico. Lo peor es que los titulares de algunos medios al día siguiente decían que se había reducido a una persona que se había dejado de atender por un extranjero”, recuerda Alcalde.

De nuevo según datos de Aministía Internacional, la población extranjera supone solo el 6,5% del gasto sanitario, tres puntos menos que su porcentaje de representación en la población, aunque aportan igualmente a su mantenimiento. “Las personas inmigrantes contribuyen a su financiación, que en España proviene de impuestos como el IRPF, el IVA u otros especiales. De hecho, incluso las personas en situación irregular la están financiando cuando pagan por productos o servicios”, aclaran en este artículo.

Fuente: El confidencial

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